Reforma laboral: la Cámara Contencioso Administrativo Federal le da 24 horas al juez Ojeda para enviar la causa de la CGT
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La pulseada por la reforma laboral sumó un movimiento decisivo en las últimas horas. La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal intimó al juez laboral Raúl Ojeda a enviar el expediente iniciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en un plazo perentorio de 24 horas, luego de considerar saldada la disputa sobre qué fuero debe intervenir.
La resolución, firmada por los jueces Rogelio W. Vincenti, Jorge Eduardo Morán y Marcelo Daniel Duffy, ordena la remisión inmediata de la causa al ámbito contencioso administrativo. El tribunal fue explícito al señalar que la cuestión de competencia ya está definitivamente resuelta y que no hay margen para dilaciones.
Reforma laboral: El debate por la competencia entre fueros
El pronunciamiento se inscribe en un conflicto más amplio entre fueros que viene escalando desde que el Gobierno cuestionó la intervención de la justicia laboral en el expediente promovido por la central obrera contra el Estado Nacional. Desde el oficialismo sostienen que el caso debe tramitar exclusivamente en el fuero contencioso, postura que ahora quedó reforzada con esta intimación.
En ese marco, la Cámara apuntó directamente contra la conducta del juzgado laboral, al que le exige cumplir con el traslado del expediente sin más demoras. La medida también dispone notificaciones urgentes, con habilitación de días y horas inhábiles, lo que refleja el carácter excepcional que le asignan al caso.
La controversia se originó cuando Ojeda hizo lugar a un planteo sindical y dictó una cautelar que frenaba aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente revertida en la instancia de apelación, lo que restableció la vigencia de la norma impulsada por el Gobierno.
Todos los caminos conducen a la Corte
Desde entonces, el expediente quedó atrapado en una disputa procesal que derivó en acusaciones cruzadas, cuestionamientos políticos y denuncias. En ese contexto, la orden de la Cámara aparece como un intento de destrabar el expediente y encauzarlo hacia el fuero que considera competente.
El conflicto, lejos de cerrarse, profundiza la tensión institucional en torno a la reforma laboral y anticipa un recorrido judicial que, según todas las señales, terminará bajo la órbita de la Corte Suprema.
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